Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi
Cotopaxi
Ecuador
470.210
septiembre 2023 - en vigor
80.000
A) Building more democratic and peaceful cities and territories
E) Supralocal, regional, provincial governments...
New practice
Regional
Workshop / meeting for diagnosis or monitoring
Training & learning (local leaders, civic education) Safety, human rights & peace building Social inclusion, gender & diversity
SDG 5 SDG 16
Institution website
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Practice
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https://www.cotopaxi.gob.ec/index.php/2015-09-20-01-01-40/asamblea-territoriales
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La provincia de Cotopaxi, situada en el corazón de Ecuador, es un territorio vibrante y diverso, marcado por una riqueza cultural y una historia arraigada en la identidad de su gente. Sin embargo, detrás de esta fachada de belleza natural y patrimonio cultural, se esconden profundas desigualdades y desafíos socioeconómicos que afectan a sus habitantes.
El territorio actual de Cotopaxi, fue delimitado oficialmente el 1 de abril de 1851, cuando el Estado Ecuatoriano lo reconoció como provincia, sin embargo, este proceso de demarcación no incluyó la participación significativa del sector indígena, dejando pendiente la integración interna del territorio. Esta omisión ha generado una división persistente, con algunos sectores indígenas considerando la necesidad de una construcción intercultural del territorio como un nuevo pacto social con los diversos grupos étnicos presentes. A pesar de su superficie comparativamente pequeña equivalente aproximadamente al 2.4% del territorio nacional, se sitúa estratégicamente en el centro norte del país. A pesar de sus ricos recursos naturales y su ubicación estratégica, la provincia de Cotopaxi enfrenta una serie de desafíos socioeconómicos. La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos son problemas persistentes que afectan a su población. Estos desafíos son el resultado de una combinación de factores históricos, geográficos y estructurales que han moldeado la realidad de la provincia a lo largo del tiempo.
Las Defensoras Comunitarias Rurales surgen tras varios años de incidencia por parte de las organizaciones de mujeres de Ecuador, en enero de 2018 la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LIOPEVCM). La aprobación de esta ley representa un primer paso para avanzar en los cambios y transformaciones sociales y culturales que Ecuador necesita implementar de manera urgente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, el reto actual es la socialización e implementación de la Ley en los territorios rurales mediante la acción del Estado, de los gobiernos locales y con la participación de la ciudadanía, bajo el principio de corresponsabilidad social e institucional, a fin de incidir directamente en la protección integral, y principalmente en la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. El 64,3% de adolescentes y mujeres en la provincia de Cotopaxi informaron haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas La violencia psicológica es el tipo de violencia más prevalente en la provincia, afectando al 61,1% de las mujeres, seguida por la violencia ginecoobstétrica (51,0%), la física (46,2%), la sexual (19,2%) y la patrimonial (13,6%). En cuanto al ámbito donde ocurre la violencia, se observa una mayor incidencia en las relaciones de pareja (43,1%) y en el entorno social (30,8%), seguidos por el ámbito educativo (30,4%) y el familiar (27,3%)
La practica comienza el año 2023 con la actividad de Sensibilización, donde se generan las condiciones en la comunidad para la comprensión sobre el ejercicio y goce de derechos de los ciudadanos. Las Defensoras impulsan un proceso de reuniones en la comunidad para evaluar cómo se dan las relaciones al interior de la misma. Este proceso se realiza con un Enfoque de genero, derechos humanos, interculturalidad y teniendo como centro el desarrollo humano, incorpora elementos de promoción de la paz, reducción de la violencia y eliminación de la discriminación a los grupos vulnerables.
Diagnóstico, se obtiene los problemas en la comunidad, que violenten los derechos humanos, especialmente de los grupos vulnerables. Estos problemas son priorizados, definidas sus causas y consecuencias; y una idea aproximada de cómo resolverlos.
Negociación, en función de los resultados obtenidos en el diagnóstico se establecen prioridades para la Defensora, se llega a los acuerdos que la comunidad considera son primordiales.
Planificación, • Problemas identificados y priorizados • Actividades para la resolución de los problemas • Quién, quiénes, con qué recursos y en qué tiempos lo van a hacer. • Actividades adicionales para la aplicación de las soluciones, talleres de capacitación, encuentros, creación de proyectos, otras formas de participación comunitaria. • Tiempos y herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación con sus respectivos responsables.
Ejecución, se pone en práctica todo lo planificado. En esta fase se debe dar énfasis a los derechos de grupos de atención prioritaria.
Exigibilidad, se define previamente con la comunidad las herramientas de rendición de cuentas que se usarán acordadas en asambleas y foros ciudadanos, con amplia participación de la comunidad.
La población destinataria fue de 1.994 beneficiarias/os directos. Criterios de selección: Mujeres en situación de extrema vulnerabilidad económica y social. 50 mujeres capacitadas como Defensora Comunitarias
La estrategia de comunicación consistió en: elaborar al arranque del proyecto, de un logo e imagen unificada a utilizar en todo el proceso, con variantes. (tipología colores, letras y diseños)
Presentaciones digitales realizada en el inicio de la ejecución, dando a conocer las principales metas del proyecto, con imagen unificada.
Banner promocional, con información relativa al título, entidades implicadas, zona de ejecución y principales resultados a logrados.
Materiales impresos y digitales para los procesos de formación y sensibilización. Tienen una función pedagógica, pero también de difusión de los contenidos y temas a abordar en el proyecto elaborados acorde a las características educativas, socioeconómicas y culturales de cada grupo destinatario siguiendo una misma línea comunicacional.
Comunicados a través de medios de comunicación en las zonas de ejecución con información significativa relativa al proyecto en momentos clave de su ciclo de gestión.
la principal innovación en esta practica es que se trata de un proceso altamente participativo con la población beneficiaria, quienes son los proponentes directos de las acciones plantadas en el mismo, lo que los convierte en los principales garantes de las actividades propuestas. Además, se debe destacar que el proyecto, parte de la demanda y solicitud expresa por parte de las y los representantes de organizaciones sociales, y mujeres, hacia el equipo territorial, garantizando de esta manera, y en todo momento la apropiación de las acciones propuestas.
Las actividades planteadas, garantizan el cumplimiento de las competencias establecidas por ley para la Prefectura y la aplicación de leyes a favor de la no violencia, por parte de las instituciones públicas, para proteger y garantizar los derechos de las mujeres rurales. asi mismo establecer capacidades instaladas con el objetivo de institucionalizar espacios de trabajo intersectoriales en materia de violencia de género.
La practica fue evaluada por medio de los siguientes mecanismos:
Informes de seguimiento en mesas de diálogo y acuerdos; Número de casos reportados desde las rutas de atención que integran a defensoras comunitarias; Sistema de encuestas de usuarias sobre la aplicación del manual de buen trato. Certificaciones oficiales de las instituciones competentes; Memorias y listados de las reuniones; Construcción de herramienta de seguimiento de los planes de acción por territorio bajo parámetros interculturales; Acta presentación planes a los sistemas de protección de derechos para aprobación e inclusión formal en el sistema.
Memorias y listados procesos de formación; Acuerdos y compromisos de las empresas involucradas; Base de datos de
prestadores involucrados.
Registro fotográfico construcción; manuales de gestión y reglamentos internos; registro de usuarias; plan de trabajo articulado con los sistemas de protección de 7 cantones para derivar usuarias.
Gracias a la practica hemos conseguido:
Que al menos el 70% de mujeres diversas participantes, hayan elevado su autoestima, la exigencia y el ejercicio de sus derechos, incidiendo mediante su participación en la descentralización de las políticas de violencia en sus comunidades.
Al mes 7 de ejecución del proyecto, 30 mujeres formadas en defensoría comunitaria replican sus conocimientos a 990 mujeres, y de estas, el 75% se integran en 5 redes de vigilancia y protección comunitaria para el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencias.
Al finalizar el proyecto, 5 planes de acción territorial elaborados por las redes de defensoras comunitarias como instrumento técnico son aprobadas e incluidas en los sistemas cantonales de protección de derechos.
Al finalizar el proyecto, 1 Gobierno provincial y 7 cantonales, cuentan con protocolos que fomentan la aplicación efectiva de la Ley de Prevención y Erradicación de violencia con 1 manual de buen trato a víctima para el incremento de la calidad en la atención a usuarias.
al mes 12, 60 mujeres del centro de atención integral de la casa de acogida se certifican en formación profesional aumentando sus competencias en un 80% y desarrollan su plan de vida.
Al finalizar el proyecto, se incrementa en un 10% las denuncias formales y seguimiento de casos, como resultado de la mejora y fortalecimiento institucional, en los procesos de respuesta y atención a las víctimas de violencia.
Las Defensoras Comunitarias de Cotopaxi, Ecuador, lideran una iniciativa integral y participativa para abordar la compleja problemática de la violencia contra las mujeres en la provincia. Su enfoque, arraigado en principios de género y participación ciudadana, se destaca por su atención específica a las desigualdades socioeconómicas que afectan de manera particular a las comunidades rurales. A través de un proceso meticuloso que involucra sensibilización, diagnóstico y planificación, estas líderes comunitarias identifican los desafíos más apremiantes que enfrentan las mujeres en sus diferentes contextos y priorizan soluciones adaptadas a cada situación.
La estrategia de comunicación implementada por las Defensoras Comunitarias juega un papel crucial al unificar esfuerzos y movilizar la participación activa de la ciudadanía en la prevención y erradicación de la violencia de género. La iniciativa se caracteriza por su enfoque inclusivo, que reconoce y valora la diversidad de las mujeres en la sociedad, abarcando a poblaciones indígenas, migrantes, jóvenes, adultas, niñas y personas con capacidades especiales, entre otros grupos.
Una de las innovaciones más destacadas de esta práctica es la participación activa y directa de las mujeres beneficiarias en la formulación y ejecución de acciones, lo que garantiza una mayor pertinencia y efectividad en las soluciones propuestas. Además, se brinda capacitación y empoderamiento a las mujeres y comunidades indígenas, fortaleciendo su liderazgo y su capacidad para defender sus derechos y promover cambios positivos en sus entornos.
Los impactos más notables de esta iniciativa incluyen la implementación de protocolos para la aplicación efectiva de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, así como la introducción de un manual de buen trato a las víctimas para mejorar la calidad de la atención ofrecida. Como resultado, se observa un fortalecimiento significativo en la autoestima y la capacidad de ejercicio de los derechos de las mujeres, así como el establecimiento de redes de protección comunitaria que contribuyen de manera tangible a la prevención y atención de la violencia de género en la provincia de Cotopaxi.