Descripción

Actividades: La victoria de los partidos de izquierda en las últimas elecciones municipales del 2000, conquistando varias de las mayores municipalidades del país, destacándose la de la ciudad de San Pablo, y la retomada de los proyectos de implantación de los presupuestos participativos constituyen un elemento central para el análisis de la coyuntura política nacional. Por la primera vez, las experiencias importantes, pero muy regionalizadas, de gestión democrática y de democracia participativa desarrolladas en Río Grande del Sur podrán ser ampliadas a través de experiencias en las principales ciudades del país, hoy concentradas en torno de la gran San Pablo, desde la capital, pasando por Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul (ABC), Guarulhos, Campinas, hasta los alredores de la región de Ribeirão Preto y Alta Paulista, nuevos modelos de gestión con participación ciudadana están en proceso de implantación. ¿Hasta qué ponto estas experiencias podrán conducir a una revitalización y profundización del debate sobre la gestión estatal? ¿En qué medida las experiencias de presupuesto participativo están recolocando preguntas en lo referente a formulación de un programa político de crítica a los modelos conservadores en boga en los últimos años? ¿De qué forma estas experiencias nuevas se están manejando con la profundización de la fragmentación y de la crisis social derivadas del modelo económico y social hegemónico en el plan nacional e internacional? Aquí están algunas cuestiones que el debate del tema levanta. Se trata de llevar adelante una reflexión que busque establecer más comprensión sobre el alcance y los límites de profundidad y de generalización de experiencias como las del presupuesto participativo. En el plan de debates sobre la teoría del presupuesto participativo merecen destaque varias contribuciones2 que hacen hincapié en el carácter innovador de las formas de democracia directa y semidirecta para la constitución de nuevos medios de ejercicio de la ciudadanía. En particular, es digno de nota la crítica realizada por estos autores sobre la naturaleza incompleta de las instituciones de la democracia representativa. El surgimiento de la forma de democracia participativa que se confunde con el surgimiento de mecanismos como el presupuesto participativo y otras formas de representación y participación llevan, según algunos de estos autores, a la conformación de nuevas formas de institucionalidad democrática: la democracia deliberativa. Estos autores destacan las posibilidades que tales formas de democracia deliberativa y participativa tienen para superar los límites de institucionalidad democrática restringida a las formas de la democracia representativa. El énfasis dado por estos autores a la novedad representada por el surgimiento y constitución de espacios públicos no estatales a través de mecanismos como los del presupuesto participativo abre una nueva perspectiva de análisis sobre los límites y las posibilidades de la construcción democrática. Proceso que, en el caso de Brasil y en la mayoría de los países iberoamericanos, será bajo condiciones muy desfavorables por causa de la hegemonía oligárquica en el plan de la política y de las instituciones democráticas. Son varios los autores que, en este sentido, definen ese linaje autoritario y conservador de la formación del Estado y de la sociedad3. La existencia de fuertes disparidades regionales y socioeconómicas4 que definen una profunda “dualización” y fragmentación del tejido social actualiza la importancia de políticas públicas como las del presupuesto participativo en la medida en que éstas se configuran como mecanismos de combate a la fragmentación social y a la vulnerabilidad acentuada de importantes bolsones de la población, principalmente urbana. Uno de los aspectos marcantes de este proceso de reconfiguración del territorio de las ciudades tiene que ver con la dinámica de las relaciones municipio-estado-federación. Principalmente después de 1988, las unidades subnacionales pasaron por un intenso proceso de cambio que llevó a la conformación de nuevos perfiles institucionales y nuevas dinámicas territoriales5. Ante esta situación, ¿cómo promover avances más concretos en el terreno de la democratización de la sociedad y del Estado? ¿Cómo manejarse con el déficit escandaloso en lo referente a la institucionalización de derechos y garantías de ciudadanía capaces de incluir la diversidad de segmentos sociales vulnerables de la sociedad? Finalmente, ¿cómo enfrentar la ausencia de una cultura democrática que, desde la sociedad, presione a favor de la adopción de reformas que profundicen el control público sobre los gobiernos, la democratización de las esferas de decisión y mayor transparencia de los niveles de gobierno y de la representación política? Son preguntas sin respuesta fácil que el país precisa responder, en una coyuntura de crisis de identidad de las instituciones de la República que expresa con virulencia su carácter “regresivo” y denuncia las falacias de la propia historia de constitución6. Todo esto está ocurriendo en un momento en que comenzamos a asistir a los efectos de transformaciones económicas e institucionales como las que se observan durante el ciclo neoliberal abierto en el país después de la victoria de Fernando Henrique Cardoso en las elecciones presidenciales de 1994. Posibilidades de Ampliación Después de 1994 y principalmente de 1998, ha surgido una nueva constelación de acciones políticas que buscan enfrentar los límites y las contradicciones del sistema político vigente. El gobierno del Estado de Río Grande del Sur, a través de la implantación del presupuesto participativo a nivel de Estado, comenzó a ensayar la puesta en marcha de una nueva agenda política de Estado. El tema de la innovación en las formas de gestión urbana a nivel metropolitano, llevando en cuenta estas experiencias referenciales de implantación de presupuestos participativos estatales, está estrechamente vinculado a la evolución de esas experiencias, al desafío de implantación de experiencias de OP en otras capitales y regiones metropolitanas del país. En particular, la Región Metropolitana de San Pablo aparece como un laboratorio importante de experiencias innovadoras de gestión pública a través de presupuestos participativos como resultado de la expansión de esta propuesta de gestión en la mayoría de las ciudades gobernadas por coaliciones partidarias de izquierda después del 2000.7 Si consideramos el entorno más amplio de las ciudades del Estado de San Pablo que están ensayando la implantación de esa forma innovadora de gestión, tenemos que llevar en cuenta otras ciudades polos, como Campinas, Araraquara, São Carlos, Jaboticabal y aquellas de las regiones de Ribeirão Preto y Rio Preto. Todas esas experiencias están iniciándose, se encuentran en el primer año de implantación de presupuestos participativos, y comparten al mismo tiempo características comunes: “Una estructura y un proceso de participación basado en tres principios y en un conjunto de instituciones que funcionan como mecanismos o canales que aseguran la participación en el proceso de tomadas de decisión del gobierno municipal. Estos principios son: 1) participación abierta a todos los ciudadanos sin ningún estatus especial atribuido a ninguna organización, inclusive las comunitarias; 2) combinación de la democracia directa y representativa cuya dinámica institucional dé a los propios participantes la definición de las reglas internas; y 3) la asignación de los recursos para inversiones basada en la combinación de criterios generales y técnicos, o sea, compatibilizando decisiones y reglas establecidas por los participantes con las exigencias técnicas y legales de acción gubernamental, respetando además, los límites financieros”8. De la perspectiva muy concreta de apuesta electoral en una victoria en la disputa por el gobierno del Estado de San Pablo, éstas constituyen un conjunto de experiencia de gran valor para diseñar los caminos concretos de una futura construcción del presupuesto participativo en el ámbito estatal.9 Indican “la aceptación previa de un presupuesto que es que aquello que funciona a nivel municipal también tiene que funcionar a nivel de Estado. Una serie de instituciones y métodos contenidos en la elaboración del OP estatal coinciden con las instituciones del OP municipal. Éstas son: asambleas locales, el proceso de jerarquización, el proceso de elección de delegados y la constitución de un consejo. Sin embargo, si pasamos del nivel municipal para el nivel estatal, notaremos una serie de nuevos actores y/o instituciones que no están completamente contemplados por la forma institucional del OP. Por ejemplo, los alcaldes, las unidades de planificación de la región, además de las asambleas legislativas, que poseen mayores poderes de decisión presupuestaria que las cámaras municipales”.10 ¿Hasta qué punto una experiencia más consolidada como la de Río Grande del Sur, o aun la más famosa y mejor evaluada de Porto Alegre, podrá suministrar, a otras de reciente implantación, como las arriba citadas, un parámetro sólido de implantación de una forma innovadora de gestión pública como el presupuesto participativo? ¿Cómo hacer para implantar el OP en regiones metropolitanas de alta complejidad como San Pablo e inclusive un Estado como San Pablo? La respuesta a estas cuestiones estará en el centro de los desafíos que los sectores democráticos y progresistas tendrán que enfrentar en la coyuntura electoral del 2002. Sin lugar a dudas, delinear un derrotero sustancioso de innovaciones en la gestión pública será un aspecto decisivo en la construcción de alternativas electorales, de gobierno y de sociedad en el próximo período. Seguramente, el OP presenta un derrotero desafiador de innovaciones en la gestión. Su potencial de innovación ha sido reconocido nacional e internacionalmente, 11 pero los desafíos concretos de implantación se multiplican al considerar los diversos contextos regionales con sus tejidos sociales diferenciados y los trazos específicos de su formación histórica.

Valoración: Otra dimensión presente en el debate sobre el presupuesto participativo y la teoría democrática se relaciona con la forma como estos mecanismos de participación democrática son evaluados en su capacidad de constituir instrumentos de gestión democrática del Estado que superen la falsa oposición estatismo x neoliberalismo. Este rescate del valor de los presupuestos participativos se da a través de la apuesta que éstos realizan en una revitalización de las organizaciones de la sociedad civil, colocando de esta forma un debate muy serio al respecto de la futura democracia en nuestra sociedad. Ante el colapso de las formas autoritarias de gestión estatal, manifestadas en las sociedades del exbloque socialista, y del fracaso de los regímenes neoliberales y de su modelo de gestión basado en el Estado mínimo y en una regulación de la vida económica y social a través del mercado, mecanismos de democracia deliberativa como los del presupuesto participativo aparecen como una alternativa posible a ser probada. Surgen como posibles caminos alternativos de transformación del Estado y de la sociedad. Los presupuestos participativos constituyen experiencias embrionarias de gestión del Estado y de las prácticas públicas. Allí se puede encontrar una fuente importante de innovación. Además, la transformación de los presupuestos públicos en áreas públicas de transacción y de negociación y la extensión de la participación ciudadana en estos foros constituyen una importante innovación de la concepción de democracia. La realización de un balance de la literatura sobre democracia y además sobre las experiencias de presupuesto participativo y otros mecanismos de democracia deliberativa indican el amplio espectro y las experiencias, abarcando diversos países y diversas modalidades de gestión pública. Una vertiente importante de autores identifica esas innovaciones en la adopción de formas deliberativas de democracia. Uno de los defensores de esta interpretación afirma que: “Es posible pensar en un proceso público de institucionalización de la democracia deliberativa. Sin embargo, la pregunta que queda es: ¿cuál sería la forma y cuáles serían los espacios de la institucionalización de la deliberación pública? A nuestro ver, el espacio de la democracia deliberativa debe ser los foros entre el Estado y sociedad que han surgido en países tan diferentes como Brasil, India y los Estados Unidos. Estos foros serían, en el caso brasileño, los consejos y el presupuesto participativo (Abers, 1998; Santos, 1998; Avritzer, 2000); en el caso de India, los Panchaiats (Isaac, 2000), y, en el caso de los Estados Unidos, los acuerdos deliberativos que articulan las políticas ambientales (Sabel,1999).”12 La asociación del presupuesto participativo a las referidas experiencias de democracia deliberativa dice respecto al objeto y a la naturaleza de los procesos que involucran la esfera estatal y pública. Aunque decidan sobre cuotas que se limitan a partes del presupuesto estatal, las experiencias de presupuesto participativo representan la construcción de un nuevo nivel de ciudadanía y gestión. Constituyen el surgimiento de un nuevo conjunto de derechos que, en la oportuna evaluación de Francisco de Oliveira, representa un “invento político que se configura como la creación de un nuevo derecho político, en la linha de un T.H. Marshall, enriqueciendo el arsenal de instancias en que las clases y los grupos sociales intervienen ativamente en el gobierno, no solo en la renovación de los mandatos sino cotidianamente, sin anular otras instancias. La intervención se da, precisamente, en la discusión del presupuesto, que es, en el Estado moderno, la pieza-clave de la política y de la administración. La experiencia de Porto Alegre, como la de Belo Horizonte, y ahora la del Estado del Río Grande del Sur confirman la cesión parcial de poder a esta nueva instancia y el hecho que la práctica de la discusión refuerza enormemente la práctica de la participación y restaura la confianza en la política como actividad popular y autoconstrucción ciudadana. Para recordar Thompson: ‘brasileños iguales y libres’. Avances constitucionales están aún por condensarse en la forma de nuevas instituciones, pero sin lugar a dudas los grupos y clases sociales consideran, hoy, la participación en el OP como un derecho inalienable”.13 Además de su dimensión renovadora en el plano de la política, los presupuestos participativos representan una gran innovación de los mecanismos de planificación de las políticas públicas. Tanto en la concepción como en la metodología y en la ejecución del presupuesto participativo hay descubrimientos de nuevos mecanismos de planificación de las políticas públicas producidos a través de la interlocución y del encuentro de los saberes técnicos y cotidianos, que los presupuestos participativos hacen posible. En un texto destinado a analizar la experiencia del OP de Porto Alegre, Boaventura de Souza Santos dice que “conflicto y mediación entre cuestiones técnicas y políticas es una de las principales realizaciones del OP de Porto Alegre. Si es verdadero que los criterios técnicos limitan el terreno de la participación y de la discusión, también es verdadero que el proceso del OP ha cambiado radicalmente la cultura profesional del staff técnico del Ejecutivo. El staff técnico ha sido crecientemente sometido a un profundo proceso de aprendizaje relativo a la comunicación y argumentación con poblaciones pobres”.14 Se trata de lo que Boaventura de Souza Santos llama de “reinvento democrático y participativo” del Estado15 basado en su reforma democrática y en la de sus modelos de gestión, además de la creación/instauración del tercer sector de la economía a través de la diseminación de la organización ciudadana para la participación en la esfera pública, y en la interferencia de ésta en la gestión pública de los servicios. Como dijo Souza Santos, en muchos casos no existe un tercer sector con estas características, “ni podemos presumir que surja espontáneamente”. Él dice que “en estas situaciones será el propio Estado que tendrá de tomar la iniciativa de promover la creación del tercer sector a través de políticas de diferenciación positiva en relación al sector privado capitalista”.16 Esta dimensión de gestión pública y estatal que se forma a través del presupuesto participativo precisa ser rescatada cuando pensamos en modelos de gestión que superen los errores del pasado y el fracaso de los modelos privatizadores que se basan en la reglamentación de las necesidades humanas a través del mercado. Los presupuestos participativos pueden permitir la recolocación de las cuestiones administrativas y de gestión involucradas en la realización de la asignación y del control presupuestario, subordinados a su carácter público y democrático,17 configurando una vía alternativa de construcción de eficacia en la gestión. De búsqueda del mejor aprovechamiento de los recursos y de utilización de éstos conforme criterios más democráticos y públicos. Presento a continuación un análisis sintético sobre la experiencia del presupuesto participativo en la ciudad de San Pablo. En la primera parte expongo, muy sintéticamente, los trazos principales del proceso de presupuesto participativo realizado en 2001. Finalmente, se hace un análisis más cualitativo sobre la experiencia del OP en la ciudad de San Pablo principalmente en lo referente a la originalidad de la iniciativa institucional, la capacidad redistributiva del referido mecanismo y la forma como ha sido trabajada esta cuestión por el gobierno y por la Cámara Municipal de San Pablo – el Poder Legislativo del municipio. San Pablo y el Presupuesto Participativo La ciudad de San Pablo ingresó al selecto grupo de municipalidades que aplican el Presupuesto Participativo. Juntamente con municipios como Porto Alegre y Belo Horizonte, Estados de la federación como Río Grande del Sur y otras ciudades del Gran San Pablo y del interior del Estado como Santo André, Guarulhos, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá, Campinas, Araraquara y otras tantas, la actual administración municipal de San Pablo llevó a cabo el compromiso asumido en la campaña de implantar el proyecto de la participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas. A partir de enero de este año, la Coordinaduría del Presupuesto Participativo y la Secretaria de Finanzas y Desarrollo empezaron la elaborar la propuesta y el modelo del OP a ser implantado. El proceso comenzó con la realización de quince plenarias regionales en toda la ciudad para discutir el proyecto de ley de directrices presupuestarias. En estas reuniones se escogieron las áreas de salud y de educación como las mayores prioridades existentes en la ciudad. La Ley de Directrices Presupuestarias (LDO), aprobada por la Cámara Municipal, establece en sus artículos 4 y 5 que el presupuesto de 2002 será hecho con participación popular en las áreas de salud y educación. La ley establece además que para esto será criado un Consejo del Presupuesto Participativo compuesto de representantes elegidos en plenarias regionales de delegados realizadas en las 28 regiones administrativas de la ciudad. La LDO establece inclusive que estos delegados serían elegidos por los habitantes de la ciudad en 96 asambleas públicas distritales. Le competirá a la municipalidad definir el reglamento y la organización de este proceso. Es importante recordar que, desde el punto de vista de la legalidad y de la juridicidad, el proceso de presupuesto participativo está en conformidad con el mandato de la Constitución Federal y de la Ley Orgánica del Município, que definen la competencia del poder ejecutivo municipal para la elaboración del presupuesto municipal. Además, el Estatuto de las Ciudades, recientemente promulgado, prevé, entre los mecanismos de política urbana, la implantación del presupuesto participativo. En el caso de San Pablo, la LDO determinó que la municipalidad elabore el reglamento del proceso del OP. Éste fue finalizado y publicado en mayo, antes del inicio de las primeras reuniones del OP, realizadas en el comienzo de junio. La reglamentación establecida por la municipalidad expone con claridad los principios de la universalidad (al establecer el derecho de todo y cualquier ciudadano o ciudadana de participar del proceso, ser elegido delegado y, posteriormente, consejero), autoreglamentación (se le atribuye al Consejo del Presupuesto Participativo la competencia de determinar la propia reglamentación), deliberación (al establecer que el Consejo de Presupuesto Participativo, con base en las propuestas aprobadas en las reuniones distritales, define el Plan de Obras y Servicios que resume el Plan de Inversiones de la municipalidad) y publicidad (al establecer el carácter abierto, público y ampliamente divulgado de sus reuniones previas y de las reuniones del Consejo del Presupuesto Participativo). Para implantar esas directrices, la reglamentación prevé varios mecanismos democráticos de funcionamiento, entre los cuales los más importantes son: 1) el Foro Regional de Delegados que elige el par de consejeros titulares y suplentes y controla mensual o quincenalmente las actividades del Consejo del Presupuesto y el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de la marcha de las obras y de los servicios referentes a su jurisdicción territorial; 2) la revocabilidad del mandato del consejero, por decisión del Foro Regional de Delegados, tomada por la mayoría habilitada y en sesión pública de amplia convocación; 3) la prohibición a miembros de la administración que ocupan cargos de confianza, a parlamentarios de cualquier esfera, asesores parlamentarios de nivel municipal, además de participantes de otros consejos municipales, de acceder al Consejo del Presupuesto Participativo. La reglamentación establece para 2001 la realización de dos rondas de asambleas distritales, la primera preparatoria, en cada distrito de la ciudad, con el objetivo de informar y aclarar a los pobladores de la ciudad sobre la propuesta y metodología del OP. La segunda ronda de asambleas comenzó al final de junio, ésta de carácter deliberativo, y cubrió los 96 distritos en que está dividida la ciudad. Luego, al final de julio y en la primera quincena de agosto, se llevaron a cabo las plenarias regionales de delegados en las 28 regiones administrativas. Allí, fueron elegidos consejeros y consejeras con dos titulares y dos suplentes para cada región administrativa de la ciudad. El 16 de agosto, en el Salón Azul de la municipalidad y con amplia cobertura por parte de los medios de comunicación escrita, radiofónica y televisiva, tuvo lugar la ceremonia de instalación del Consejo del Presupuesto Participativo (Conop). El Conop está formado por 56 consejeros titulares con derecho a voz y voto, representando las 28 regiones administrativas en que está dividida la ciudad. De él participaron además ocho consejeros indicados por la administración, con derecho a voz, pero sin voto. Toda esa compleja y rica ingeniería institucional y social tiene respaldo en la Constitución Federal y en la Ley Orgánica del Municipio, que le atribuye al Poder Ejecutivo la competencia de elaborar el proyecto de ley presupuestaria para luego ser examinado y discutido por la cámara de concejales de la ciudad. Además, este año, la propia LDO, como fue indicado anteriormente, determinó que se aplicara el presupuesto participativo para las áreas de salud y educación ya en 2002 e indicó los criterios para la creación y funcionamiento del Consejo del Presupuesto Participativo de la Ciudad. Tales criterios y determinaciones legales fueron cumplidos para permitir el pleno funcionamiento del presupuesto participativo. Desde el comienzo, la municipalidad defendió la idea de que el presupuesto participativo se constituyese en un espacio público no estatal. Quiere decir, el OP no es un brazo de la municipalidad sino un espacio de confluencia del Estado y la sociedad civil y sus representantes. La respuesta dada el primer año por la población fue bastante significativa: cerca de 30 mil personas participaron de las más de 200 reuniones públicas realizadas en todos los lugares de la ciudad. Una investigación con los participantes del primer año del OP indicó que el 48% declaró pertenecer a organizaciones, entidades y partidos políticos. Se trata de un dato importante que muestra la naturaleza ciudadana del proceso del presupuesto participativo. Sobre el perfil social, cultural y económico de los participantes, la referida investigación indica también que fueron mujeres con edad entre 30 y 45 años, de tez no blanca18 y renta mensual entre 2 y 5 salarios mínimos las que tuvieron participación arriba del promedio de la población de ciudad de San Pablo en las reuniones del OP del 2001. Es importante mencionar además la presencia de personas con formación superior e ingreso mensual hasta 5 salarios mínimos, que compone parte importante de los participantes del OP. La participación de este segmento explica el fenómeno de la “nueva pobreza” en la ciudad surgida al borde del ajuste económico neoliberal y sus consecuencias de desreglamentación, precarización y fragmentación social. Además son dignas de nota dos preguntas que dicen respecto a la dinámica, más directamente a la política del presupuesto participativo y su receptividad por los participantes: en primer lugar, la elevada participación de personas sin vinculación a partido político, y de las organizaciones eclesiales (todas, incluyendo las de la iglesia católica), que representan el 13% y 10% respectivamente; en segundo lugar, la fuerte valorización de la participación debido a atributos de innovación, originalidad y posibilidad real de interferencia que los participantes observaron en el primer año del proceso del OP. Haciendo un balance del primer año, casi 500 millones de reales ya fueron asignados a través de las reuniones de presupuesto participativo. Este monto representa casi el 5% de todo el presupuesto del municipio y casi el 70% de los recursos disponibles para inversión en la ciudad. El Consejo del Presupuesto Participativo de la ciudad, implantado por la alcaldesa en una solemnidad que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Anhembi el día 26 de agosto, montó una propuesta de presupuesto para las áreas de salud y educación a través de ocho reuniones precedidas de otros tantos encuentros regionales con los delegados pertenecientes a cada una de las 28 regiones en que está dividida la ciudad. Efectividad y Resolutividad del OP de San Pablo La fuerza y la atractividad de los mecanismos como el OP obedecen, sin lugar a duda, a las condiciones específicas de la sociedad y del Estado postneoliberal. A este respecto, y reflexionando sobre los desafíos de la gestión local en la ciudad de San Pablo, Chico de Oliveira nos recuerda que: “La compleja trama entre la dimensión global, la velocidad de las transformaciones, la despolitización de la economía y la desnacionalización de la política viene haciendo de la territorialidad como base política una forma completamente inadecuada para la prevalencia de la voluntad de los ciudadanos. El sistema parece haberse convertido en una no-forma, que por lo tanto pasa a ser inaccesible a la ciudadanía, que continua utilizando las formas burguesas clásicas, si es que no son las premodernas, patrimonialistas y patriarcalistas, en momentos en que el movimiento real ya no se da por ellas”. Si no fuesen los esfuerzos de los ciudadanos en el sentido de, por su vez, transponer las viejas y consagradas formas para tener acceso a la complejidad de la vida, el ‘mundo de la vida’ de la teorización habermasiana ya habría sucumbido al ‘mundo del sistema’. Todas las nuevas organizaciones son nuevas formas de luchar con la complejidad sofocada por la institucionalidad vigente – en verdad, vigente apenas para los dominados – una especie de creación y recreación incesantes de la democracia en un formidable complejo que va desde la protección a las ballenas hasta el Foro Social Mundial de Porto Alegre, para economizar en la descripción”19 En verdad, el OP se constituye en un mecanismo de gran valor para enfrentar los efectos de la política neoliberal con su presión por la “responsabilidad fiscal” en detrimento de la “responsabilidad social” requerida por el electorado que eligió coaliciones de izquierda como las lideradas por el PT en San Pablo. En el mismo artículo, Oliveira recuerda que (en el caso del OP) “su concepción y su práctica le deben mucho a una doble determinación: la primera, la de administrar ciudades con las restricciones impuestas por el ‘modelo económico’ y las políticas y económicas, hoy en día nítidamente neoliberales, intentando responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo redistribuir la renta en esas condiciones arriba indicadas?; la segunda, de cómo arraigarse en las poblaciones, semejantemente a la ‘ostra en la piedra’, tal como el legendario PCI (Partido Comunista Italiano) hizo en la Italia de la posguerra, obteniendo con ello, una militancia activa como forma de garantía del poder, en condiciones en que, generalmente, las llamadas ‘fuerzas económicas’ son casi siempre adversas”. 20 Es justamente esta capacidad de construcción de un modelo alternativo de gestión de las políticas públicas que comenzó a ser implantado en San Pablo con el presupuesto participativo. Fue importante haber iniciado este proceso desde el primer año de la administración. Los resultados ya se muestran muy expresivos, principalmente en el terreno redistributivo y en la construcción de un nuevo y avanzado modelo de gestión estatal. En el terreno redistributivo, el presupuesto participativo de San Pablo ya consiguió, en su primer año, el direccionamiento claro del gasto público para los sectores más vulnerables de la ciudad. El Plan de Obras y Servicios, aprobado por el Consejo de Presupuesto Participativo es acatado integralmente por la administración y traduce, de forma cristalina, esa orientación redistributiva. En el terreno de la construcción de un nuevo modelo de gestión de las políticas públicas con participación y “apoderamiento”21 de la población, el mantenimiento de las características del OP de San Pablo como espacio público no estatal, formado a través de la participación directa y universal de ciudadanos y ciudadanas que discuten el presupuesto municipal (en el primer año, en salud y educación) y definen sus reglas de funcionamiento, inclusive las del proceso presupuestario del año próximo, le otorgan a la corta experiencia realizada un potencial enorme de renovación de los modelos de gestión de las políticas públicas y del propio concepto y práctica de la democracia. Maria Vitória Benavides, al reflexionar sobre la concepción y las experiencias del presupuesto participativo acuñó para la democracia una definición muy sencilla que compartimos completamente: democracia es el régimen político de la soberanía popular con respeto integral a los derechos humanos. 22 Democracia que encuentra en la experiencia y en la práctica de los presupuestos participativos una fuerza impulsionadora muy grande en lo que atañe al control público sobre el Estado fortaleciendo referenciales que ayudan a superar los gajes del intervencionismo autoritario del Estado y el minimalismo de las propuestas de gestión neoliberales. Democracia del presupuesto participativo que permite construir nuevas referencias de derecho, de ciudadanía, de poder y de nueva sociedad. En el primer año de implantación del presupuesto participativo, el reconocimiento del gobierno municipal con relación al OP y su máximo órgano de deliberación, el Conop, fue decisivo para permitir su fortalecimiento y el inicio de su implantación. Por eso, en el próximo año, el presupuesto participativo constituirá el espacio en que serán decididos los gastos y los ingresos relacionados con toda la municipalidad. O sea, además de las áreas de educación y salud, todas las demás áreas de la municipalidad estarán en el presupuesto participativo. Para el próximo año, cuando el OP será expandido para todas las áreas de la municipalidad, se espera que el número de participantes en sus reuniones se amplie significativamente. Más importante aún, la administración municipal continuará valorizando ese espacio democrático, respetando y reforzando sus principios constitutivos de deliberación, auto-reglamentación y universalidad.