Observatorio Internacional de la Democracia Participativa

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Experiencias

Contralores ciudadanos en la Ciudad de México

  • Montenegro
  • Contraloría General del Distrito Federal
Esta experiencia recibió una mención especial en la VIII Distinción "Buena Práctica en Participación Ciudadana"

Description

La Contraloría General, a través de la figura de Contralor Ciudadano, fomenta la participación activa de la población, de manera voluntaria y sin remuneración, en los procesos de evaluación del desempeño de los órganos de gobierno en el ámbito del ejercicio del gasto público, procuración de justicia y calidad de los servicios ofrecidos a los habitantes de la Ciudad de México.

La Contraloría General identificó actos de corrupción en los procesos de la administración pública e información parcial proporcionada por los órganos de gobierno a los usuarios de los servicios públicos, generando desconfianza en las instituciones, y la población no contaba con la posibilidad de manifestar su inconformidad. Esta situación derivó en la demanda de los ciudadanos por crear espacios de participación ciudadana, donde sus inquietudes fueran atendidas.

La respuesta de la Contraloría General fue la implementación de la primera fase del programa de Contralores Ciudadanos en 2001. En esta primera etapa, la participación fue abierta a todo el público y se determinaron ciertas áreas de gobierno para realizar la verificación. Esta primera experiencia demostró la necesidad de mantener la convocatoria abierta a todo el público identificando las áreas de gobierno a evaluar con base en su perfil. Asimismo, los Contralores Ciudadanos plantearon la necesidad de extender su acción a otros ámbitos de gobierno. Derivado del éxito de la implementación de esta primera fase se institucionalizó la figura de Contralor Ciudadano a través de la publicación de la Ley de Participación Ciudadana, la cual faculta a los ciudadanos del Distrito Federal a ejercer el derecho de revisar, evaluar, supervisar y vigilar la gestión pública y el ejercicio del gasto público.

Gracias a los resultados obtenidos de las evaluaciones internas del programa y a las sugerencias presentadas por parte de los Contralores Ciudadanos se fue construyendo una estrategia más sólida, la cual contemplaba, entre otras cosas, una designación de actividades más efectiva de los Contralores dentro de la administración pública, donde podrían tener un mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades, marcando el inicio de la segunda fase de aplicación en 2013. En este año se iniciaron vínculos con diversos sectores, entre ellos la academia.
Partiendo de las experiencias previas, se construyó la actual estrategia de Contraloría Ciudadana, que tiene por objetivo promover, integrar, organizar y coordinar la participación de los ciudadanos en la rendición de cuentas y el fomento a la transparencia, así como su vinculación con la Administración Pública de la Ciudad de México a través de la figura de Contralor Ciudadano.

Asimismo, contempla vigilar el cumplimiento de la normatividad y los procesos gubernamentales en beneficio de sus habitantes, estableciendo un vínculo entre gobierno y ciudadanía; contribuir a la identificación de áreas de mejora en los servicios públicos; y verificar la operación de los programas sociales.
Las actividades de los Contralores Ciudadanos se dividen en cuatro rubros:
1. Obras Públicas y Servicios Relacionados.
2. Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios.
3. Agencias en Ministerio Público
4. Contraloría Ciudadana Comunitaria.

Este programa es integral e incluyente y se encuentra abierto a la participación de todos los ciudadanos. Actualmente participan como Contralores Ciudadanos personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores y jóvenes. El programa de Contralores Ciudadanos busca privilegiar la equidad e inclusión social.
Una parte fundamental de este programa es la integración de diversos actores en su implementación, coordinados por la Contraloría Ciudadana. Las instituciones académicas promueven la participación de sus estudiantes en el programa de acuerdo con sus perfiles específicos, con lo cual ellos adquieren experiencia laboral. El sector privado, a través de Cámaras Industriales y Comerciales, contribuye a la revisión de proyectos específicos de acuerdo a su área de acción y brinda difusión del programa.

La sociedad civil organizada proporciona capacitación técnica especializada y sugiere mejoras a los procedimientos del programa. Estas vinculaciones son formalizadas mediante convenios de colaboración, los cuales generan corresponsabilidad entre los actores y definen atribuciones.

La población participa a través de la figura de Contralor Ciudadano y el sector público garantiza el acceso a la información, de forma transversal y brindando capacitación a los Contralores Ciudadanos.

La participación ciudadana es fomentada a través de asambleas, reuniones de trabajo, conferencias, convocatorias y material de divulgación en diversos medios de comunicación. De esta forma, no sólo se invita a la población a sumarse a este programa sino que se establece un diálogo abierto por el cual los ciudadanos pueden conocer las características del programa y sugerir acciones para mejorarlo.

El programa es evaluado, de manera interna, por la misma Contraloría General y los Contralores Ciudadanos, con lo cual se ayuda a la construcción de una estrategia más sólida y que responda a necesidades específicas. Los resultados de las evaluaciones ciudadanas son presentados en eventos públicos y en los medios de comunicación. De esta forma la retroalimentación fortalece las acciones del programa.

Este programa ha demostrado resultados positivos ya que de un objetivo de 249 Contralores Ciudadanos se logró contar con 419, lo cual representa un 168% por encima de lo esperado durante el 2013. Se estrechó la relación con el sector académico, obteniendo 24 firmas de convenios para facilitar capacitación de los involucrados en el programa. Como parte de las 10 actividades de evaluación realizadas en 2013, las áreas fiscalizadas recibieron información de procesos que requerían atención especial para su mejoría. Esta experiencia ha despertado interés de otros municipios de la República Mexicana.

Los impactos de la implementación de este programa en la administración pública han llevado a realizar cambios estructurales en la Contraloría General y en la legislación local de transparencia y participación ciudadana para dotar de facultades a la población a través de los Contralores Ciudadanos y ha fortalecido la relación ciudadano-gobierno, favoreciendo la corresponsabilidad y la participación activa.

Esta práctica demostró que siendo los ciudadanos los beneficiarios de los servicios ofrecidos por el gobierno, son ellos mismos los que pueden contribuir a mejorar las estrategias gubernamentales y el ciudadano se convierte en el principal promotor y difusor. El gobierno tiene la responsabilidad de realizar mejoras basadas en las propuestas de la población, por lo cual esta experiencia resulta una oportunidad para empoderar al ciudadano y mejorar su relación con el gobierno.

Este programa permitió implementar elementos innovadores para la transparencia institucional y la rendición de cuentas como la creación de perfiles de los Contralores Ciudadanos y la designación de actividades específicas basadas en ellos, la capacitación para mejorar los procesos de evaluación de los órganos de gobierno y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Esta fase de la aplicación del programa ha proporcionado resultados exitosos, sin embargo, gracias a la retroalimentación de todos los actores y las experiencias aprendidas, se han establecido nuevas acciones a realizar en un futuro como son la integración de nuevas tecnologías de la información en las actividades de los Contralores Ciudadanos y en la devolución de información a la población, y la creación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas desde temprana edad, para lo cual se impartirán talleres infantiles de sensibilización y se presentará información adecuada para ellos en el micro sitio de Contraloría Ciudadana.