Un sistema democrático exige el compromiso de que la acción gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía, atienda los problemas sociales y genere resultados que sirvan para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población; exige un gobierno efectivo que actúe de manera transparente y rinda cuentas de sus decisiones y que además combata de manera decidida cualquier acto de corrupción en su interior.

La corrupción y las conductas sociales vinculadas a ésta, erosionan el entramado social y la confianza ciudadana en el gobierno, debilitan el desempeño gubernamental y amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas.

El fenómeno de la corrupción genera altos costos económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así como en la pérdida de oportunidades de desarrollo. En el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, México obtuvo 34 puntos, de 100 posibles, lo que representa la posición 106 de 177 países.

En busca de un gobierno transparente y abierto, en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como el Contralor General del Distrito Federal, Lic. Hiram Almeida Estrada, han decidido impulsar el Plan de Prevención y Combate a la Corrupción.

En el Eje 4 de referido documento denominado: “Ciudadanía Activa para un Mejor Ejercicio de Gobierno”, se considera de especial importancia establecer convenios con Escuelas y Universidades de la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo la promoción y difusión del Servicio Social, para dar seguimiento a las estrategias de prevención y combate a la corrupción, con la activa participación de jóvenes estudiantes.

Se tiene el propósito de consolidar la participación de los estudiantes de licenciaturas en las áreas de Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería, entre otras, para que realicen su Servicio Social en la Contraloría General y posteriormente se desempeñen como Contralores Ciudadanos para participar en la revisión de los diferentes procesos de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Para tal efecto, la Contraloría General, ha suscrito 36 convenios en materia de Servicio Social, con Instituciones Académicas universitarias líderes, como lo son, entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Latina; Universidad Anáhuac y Universidad Iberoamericana.

Por otra parte, la participación de los jóvenes es valorada como una actividad eminentemente formativa y de servicio, ya que además de afirmar y ampliar su formación académica como estudiantes, se fomenta una conciencia de solidaridad y cooperación, mediante la promoción de actitudes reflexivas, críticas y constructivas, importantes para su futuro profesional, así como para el beneficio común de la ciudadanía.

La Contraloría Ciudadana, ha fortalecido su participación como agente del cambio en la Administración Pública. Primero comienza por vigilar y evaluar el gasto público en adquisiciones y en obras, después incursiona en la vigilancia y evaluación de la gestión pública en las Agencias del Ministerio Público, y recientemente participa en la vigilancia y evaluación de los Programas de Desarrollo Social con la Contraloría Comunitaria, así como en los servicios y trámites que se proporcionan a la ciudadanía.

La metodología de trabajo y la capacitación de los estudiantes prestadores de servicio social constituye el sustento de los Programas de Contraloría Ciudadana y ha sido un factor decisivo para alcanzar logros importantes a favor de la legalidad y transparencia, más allá del relevante ejercicio de este derecho ciudadano.

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, promover y facilitar el ejercicio de este derecho, a través del diseño de programas; la elaboración y publicación de convocatorias; la promoción y amplia difusión social de las mismas; así como la capacitación de los Contralores Ciudadanos.