El ámbito local es, por excelencia, el espacio participativo. La proximidad del gobierno local a los ciudadanos facilita la existencia de canales de interacción y diálogo, así como la puesta en marcha de instrumentos que permitan la intervención directa de estos mismos ciudadanos en las decisiones colectivas que deban ser adoptadas por los gobiernos locales, en el marco de sus respectivas competencias. En esta línea ha ido trabajando el legislador, diseñando el marco instrumental en el que debe actuarse la participación. No obstante, ha sido una labor desempeñada con muchos recelos que la ha ubicado en los estrictos márgenes de la democracia representativa. En este contexto se destaca, de forma significativa, la actuación normativa de los municipios que, a través de los reglamentos de participación, han completado la regulación mínima legal, adaptándola a las particularidades de su comunidad. No es, sin embargo, un proceso concluso. Son necesarias reformas normativas dirigidas a flexibilizar la actuación