La sociedad civil y los gobiernos locales están impulsando iniciativas solidarias para contrarrestar los efectos del distanciamiento social
La pandemia provocada por el COVID-19 ha obligado a muchos países a forzar el distanciamiento social o incluso decretar el confinamiento de las personas en sus domicilios para lograr frenar la propagación del virus, y evitar un colapso de los servicios sanitarios. Estas medidas necesarias para proteger vidas y la salud pública están causando enormes impactos negativos en la economía, los servicios sociales, el día a día de las personas, así como un freno a la vida comunitaria de nuestros pueblos y ciudades.
La colaboración ciudadana es necesaria para el cumplimiento del confinamiento, pero ésta también es imprescindible para sobrellevar las consecuencias: soledad, parón en las actividades culturales, educativas, deportivas y sociales, protección de las personas más vulnerables… Sin duda, los estados y el sector público en general deben garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, pero las iniciativas solidarias desde las bases son también fundamentales para sobrellevar esta crisis mientras continúen las medidas excepcionales.
Desde la ciudadanía y la sociedad civil ya van emergiendo diferentes iniciativas solidarias en todo los ámbitos, y algunos gobiernos locales y regionales han empezado a coordinar y dinamizar estos esfuerzos de hacer pervivir la acción comunitaria en tiempos de aislamiento.
La coordinación entre gobiernos locales y administraciones públicas es fundamental, por esto destacamos la iniciativa Ciudades para la salud global, co-liderada por Metropolis y la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-LAs, y que forma parte de la Live Learning Experience: beyond the immediate response to the outbreak, desarrollada por CGLU con el apoyo de UN-Habitat y Metropolis.
