El pasado 4 de marzo, representantes de 24 países de América Latina y el Caribe aprobaron el primer acuerdo vinculante de la región en materia de protección a los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
Este texto se mantuvo en negociación desde 2014, y en esta Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el principio 10 en San José, Costa Rica, fue aprobada por los representantes. El acuerdo estará abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe y lo podrán hacer el próximo 27 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguró que “con este acuerdo, la región atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”.
Foto grupal oficial de los delegados asistentes a la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, en Costa Rica.
Fuente: CEPAL
“El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo… Este es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
Bárcena agregó que este acuerdo regional, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, responden a la búsqueda de respuestas de la comunidad internacional para cambiar el actual estilo de desarrollo y “para construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales”.
El objetivo del acuerdo es “garantizar la aplicación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”
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