Iniciada por el Presidente francés en abril de 2019 después de la crisis de los chalecos amarillos y del Gran Debate Nacional, la Convención Ciudadana por el Clima tiene por objetivo de encontrar soluciones para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de 40% para 2030 y con una perspectiva de justicia social.
150 ciudadanos han sido seleccionados aleatoriamente para ser representativos según criterios de género, edad, calificaciones, categoría socio-profesional, el tipo de territorio y la área geográfica. La asamblea se ha dividido en cinco grupos de trabajo que abarcan cinco temas: transporte, alimentación, consumación, trabajo y producción, vivienda. La asamblea debe reunirse 7 fines de semana hasta abril de 2020.
El proceso ha sido organizado y facilitado por dos agencia de consejo, Missions Publiques y Res Publica Conseil, dos plataformas han sido creadas, una interna y una externa para la participación, y la asamblea está apoyada por un grupo de apoyo constituido de expertos y representantes de instituciones.
El Presidente ha evocado la posibilidad de que las propuestas resultando de la Asamblea podrían ser sometidas a un referéndum e inscritas en la Constitución, si él lo aprueba y si presentan un carácter suficientemente preciso y concreto. Dos otras posibilidades han sido destacadas: el voto por el Parlamento o la adopción de un reglamento.
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