A partir del impulso que implica de la filosofía de la web 2.0 o web social, y especialmente desde el año 2009 los movimientos de open government (gobierno abierto) han irrumpido en las agendas políticas de Europa y Estados Unidos. Así en Europa desde la Declaración Ministerial sobre administración electrónica aprobada por unanimidad en Malmö, Suecia, el 18 de noviembre 2009 y, en todo caso, el protagonismo vinieron la noción Open Government introducida por Obama en su famoso discurso de 2009.

Gobierno abierto, Open Gov o Gobierno 2.0 esencialmente implica: la necesidad de centrar la e-administración en el ciudadano mediante servicios flexibles y personalizados, productos de información basados en la demanda (user-centry), la facilidad de uso (usabilidad) de las aplicaciones de e-administracion, la necesidad de involucrar a la sociedad y que ésta evalúe los servicios públicos electrónicos (calidad). De igual modo se invita a que tanto los servidores públicos como los particulares estimulen y colaboren en la prestación de tales servicios para el logro de las finalidades públicas (wikigovernment y crowdsourcing).

Asimismo, resulta esencial a la idea de administración 2.0, la transparencia, apertura y participación. Sin que en modo alguno sea nuevo hablar de transparencia, participación o reutilización de la información, quizá lo más original y reciente sea la colaboración con la ciudadanía, así como nuevos ingredientes de la usabilidad y el empleo institucional de redes sociales. De igual modo, es innovador el hecho mismo de que todos los componentes de gobierno abierto se den bajo la filosofía de la web 2.0, como pauta que en las organizaciones políticas y administrativas impone la primacía del conocimiento frente a la jerarquía, la flexibilidad y el logro de objetivos colectivos frente a la individualidad y la burocracia, entre otros. Esta flexibilidad ha de ser proyectada a la comprensión misma del papel del Derecho respecto de las Administraciones que va dejando atrás su tradicional paradigma jerárquico y vertical.

De esta forma, el gobierno abierto supone un especial énfasis en que las instituciones faciliten activamente la reutilización de la información bajo la noción de «open data», los datos abiertos. Bien es cierto que todos los elementos de la noción interactúan unos con otros, al punto de que la mayor transparencia que se logra lo es de forma colaborativa y participativa, de mayor calidad y usabilidad, centrada en intereses ciudadanos, a través de las TICs y de las redes sociales. Solo ahora, con el avance tecnológico y la ampliación del internet, se ha podido iniciar esa interacción en una forma original y con costos asumibles para las instituciones. El entablar este diálogo constante con sus ciudadanos, no solamente permite afianzar los flujos de comunicación con una y otra parte, sino también fomenta la transparencia al impulsar la información continua y al promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Asimismo, permite la retroalimentación, al implicar a los ciudadanos en la administración.

Finalmente, fomenta la participación activa de los ciudadanos al involucrarlos en el proceso de diseño y ejecución de políticas públicas. Desde 2009, las políticas de OGOV constituyen estrategias de hondo calado, que se simplifican en tres pilares fundamentales en la actuación de nuestros poderes públicos: la transparencia en la gestión pública, el fomento de la participación y la colaboración de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

En el ámbito internacional hay que tener en cuenta la iniciativa www.opengovpartnership.org con más de setenta países, entre ellos España. Y en España se cuenta ya con un lustro de experiencia práctica y de teoría del Gobierno abierto, así como de ya cuantiosa normativa. La emergencia de las políticas de «gobierno abierto» es evidente.

Ahora bien, hay que evitar que se tome el «gobierno abierto» como una simple moda pasajera en manos de frívolos y oportunistas. Congresos como el presente pretenden aunar lo mejor de esta experiencia de cinco años para fijar, limpiar y dar esplendor al gobierno abierto.

El Encuentro pretende abordar estas cuestiones, así como:

-La participación a través de las TICs (nuevas formas de identidad digital, privacidad de los participantes, ejercicio electrónico de derechos, regulación de los órganos de la participación, etc.).

- Transparencia y acceso a la información pública a través de las TICs y la implantación de la ley de transparencia.

- Se tendrán en cuenta las barreras jurídicas y fácticas al desarrollo de la administración 2.0: propiedad intelectual, privacidad y protección de datos; responsabilidad por contenidos de terceros o los empleados públicos; eficiencia y crisis económica e implantación de la Ley 11/2007, etc..

- La reutilización de la información pública (con especial atención al “open data”) y el uso del software libre en la Administración.