El ámbito local es, por excelencia, el espacio participativo. La proximidad
del gobierno local a los ciudadanos facilita la existencia de canales de
interacción y diálogo, así como la puesta en marcha de instrumentos que
permitan la intervención directa de estos mismos ciudadanos en las decisiones
colectivas que deban ser adoptadas por los gobiernos locales, en el marco de
sus respectivas competencias. En esta línea ha ido trabajando el legislador,
diseñando el marco instrumental en el que debe actuarse la participación. No
obstante, ha sido una labor desempeñada con muchos recelos que la ha ubicado en
los estrictos márgenes de la democracia representativa. En este contexto se
destaca, de forma significativa, la actuación normativa de los municipios que,
a través de los reglamentos de participación, han completado la regulación
mínima legal, adaptándola a las particularidades de su comunidad. No es, sin
embargo, un proceso concluso. Son necesarias reformas normativas dirigidas a
flexibilizar la actuación